La democracia en Chile se encuentra en una encrucijada. Las masivas movilizaciones sociales iniciadas el 18 de octubre no solamente pusieron en evidencia las múltiples carencias, discriminaciones y humillaciones que solventaban el supuesto “milagro chileno”. En un plano político, estas movilizaciones hicieron evidentes el estado terminal en que se encuentran los mecanismos de participación política instaurados desde el retorno de la democracia en 1990. Estos problemas no se refieren solamente a las conocidas falencias del modelo representativo de elección directa de autoridades, elecciones cuyos bajísimos niveles de participación popular apuntan claramente a la existencia de una severa “crisis de representatividad” (Corvalán 2012) de las autoridades electas y, por tanto, del sistema político en general. En paralelo, el estallido social nos mostró lo fallido de la gran mayoría de los mecanismos de participación directa instaurados con el supuesto objetivo de superar las falencias del sistema representativo. Como han señalado diversos estudios (Delamaza 2011; 2014; Posner 2008; Paley 2001; 2004), la gran mayoría de estos mecanismos e instancias realmente no produjeron los efectos de democratización predichos, incluso tendiendo en muchos casos solamente a reforzar la exclusión ciudadana que caracteriza la acción estatal. Como resultado de ambos procesos, la democracia chilena sufre de déficits estructurales de representatividad, inclusión y legitimidad.
Sin duda estas carencias democráticas estuvieron al centro de la revuelta social iniciada el 18 de octubre de 2019. El movimiento de secundarios que llamaba a evadir el pago de la nueva tarifa del Metro de Santiago no era solamente una reacción contra el aumento en el costo de vida que implicaba dicho aumento. Este movimiento buscaba también desafiar una cierta manera de gestionar asuntos de interés público característica de Chile, según el cual la ciudadanía tiene que seguir ciegamente los dictados de un “panel de expertos” en la materia, usualmente compuesto exclusivamente por actores con credenciales académicas. En su reemplazo, los días y semanas siguientes vieron surgir con fuerza múltiples nuevas formas de hacer ciudadanía, en su mayoría dirigidas a retomar espacios de discusión y
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decisión sobre aspectos públicos hasta el momento en manos de un número muy reducido de expertos, autoridades, empresarios, y otros actores en el poder. Junto con manifestaciones directas en calles y espacios públicos, esta nueva forma de hacer ciudadanía ha tenido una expresión central en el espontaneo surgimiento de múltiples espacios de encuentro y discusión local en la forma de cabildos y asambleas. A lo largo de todo país, colectivos altamente heterogéneos de personas han optado por el formato de una asamblea presencial abierta como la mejor manera para discutir la contingencia nacional y envisionar futuros posibles para nuestro país.
La relevancia intrínseca de estas formas de participación política se vio realzada de forma sustantiva en la madrugada del 15 de noviembre de 2019, cuando un acuerdo parlamentario transversal confirmó el inicio del proceso para dotar de una nueva constitución política al país. En la confusión que ha acompañado la definición de las reglas de tal proceso, uno de los pocos elementos que la mayoría de los actores involucrados concuerdan es que este tiene necesariamente que ser participativo. Si la ciudadanía no ocupa roles centrales en el proceso de elaboración de la nueva constitución, esta va a tener problemas estructurales de representatividad y legitimidad. Esta centralidad de la participación ciudadana en el proceso constitucional, al menos en términos discursivos, nos plantea como país un desafío inédito. Un desafío para el cual no tenemos referentes claros, más allá de los imperfectos y parciales mecanismos de participación ciudadana que han sido desarrollados desde el retorno a la democracia, claramente incapaces de ser usados como modelos para el diseño de los mecanismos para la inminente discusión constitucional.
De manera de contribuir a lidiar con este desafío desde una óptica de las ciencias sociales, a finales de octubre de 2019 un grupo de académicos y estudiantes del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado forman el Observatorio de Métodos Deliberativos (OMD). El objetivo de este observatorio es hacer un análisis en términos metodológicos al proceso de participación social deliberativa que ha emergido en paralelo al estallido/despertar social iniciado en octubre de 2019. La finalidad de este análisis es (1) entregar herramientas prácticas que permitan aumentar los niveles de inclusión, profundidad e impacto de estas instancias participativas, especialmente en términos de su capacidad deliberativa, y (2) contribuir a fortalecer el componente deliberativo de base que debe preceder y acompañar el proceso constituyente chileno. Esto último es de profunda relevancia. Dado que el proceso de transformación social actualmente en marcha en el país fue posibilitado por movilizaciones surgidas desde la ciudadanía, cualquier mecanismo de deliberación constitucional que no incluya la participación continua de comunidades de base será visto como ilegítimo por importantes grupos de la población, seguramente viciando todo el proceso constitucional.
Revisa los principales resultados del observatorio en el siguiente link:
